La Cámara de Diputados de La Pampa avanzará este jueves con una reforma integral de la Ley 468 de Unidades Económicas Agrarias, una normativa que lleva más de cuatro décadas y que será adaptada a las actuales condiciones productivas y familiares del campo pampeano.

El proyecto llegará al recinto con acuerdo de todos los bloques después de unificar cuatro iniciativas que habían sido presentadas por separado. Dos pertenecían al Frejupa, impulsadas por Federico Ortiz y Ana Carolina Giussi; otra había sido presentada por el radical Hipólito Altolaguirre y la restante por la diputada del PRO María Laura Trapaglia.

La modificación apunta a actualizar los parámetros con los que se determina la superficie de las unidades económicas rurales, teniendo en cuenta cambios registrados durante las últimas décadas en materia de tecnología, productividad, rendimiento de los establecimientos y valor de la hacienda.

Qué cambiará con la nueva ley

Uno de los principales puntos de la reforma está relacionado con la subdivisión de los inmuebles rurales.

El nuevo régimen permitirá avanzar con divisiones sobre inmuebles que actualmente se encuentran bajo la figura de condominio. Además, contempla una alternativa específica para los casos de sucesiones que ya cuenten con declaratoria de herederos.

En esas situaciones, la superficie mínima podrá reducirse hasta un límite equivalente al 10% de la unidad económica establecida para cada departamento.

El mecanismo puede verse con un ejemplo concreto: si para determinado establecimiento la superficie de referencia fuera de 250 hectáreas, el nuevo esquema permitiría llegar a subdivisiones de hasta 25 hectáreas, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa.

La intención es dar mayor margen a las familias que deben dividir sus propiedades como consecuencia de procesos sucesorios, sin quedar atadas a parámetros establecidos décadas atrás.

El impacto en los campos familiares

Durante el tratamiento del proyecto, los legisladores realizaron reuniones y recorridas en distintas zonas productivas para conocer de primera mano las dificultades que genera el régimen vigente.

Uno de los problemas detectados está relacionado con los condominios rurales de origen familiar, donde la imposibilidad de avanzar con determinadas subdivisiones puede prolongar durante años los conflictos entre los propietarios.

La reforma busca facilitar la resolución de esas situaciones y ordenar cuestiones vinculadas, entre otras cosas, con el pago proporcional del impuesto inmobiliario y la realización de inversiones y mejoras en los establecimientos.

En muchos casos, las diferencias entre los integrantes de una familia terminan dificultando decisiones básicas sobre el mantenimiento o desarrollo de los campos.

El riesgo de perder las tierras familiares

Otro de los argumentos utilizados durante el debate fue el impacto que las restricciones actuales pueden tener sobre el arraigo rural.

Según se planteó en las comisiones legislativas, la imposibilidad de subdividir determinados establecimientos entre herederos puede llevar a los propietarios a buscar otras alternativas para resolver la situación patrimonial.

Entre ellas aparece la venta de las tierras, incluso en condiciones consideradas desfavorables, lo que puede terminar facilitando la concentración de superficies en manos de compradores provenientes de otras provincias.

La reforma busca, en ese sentido, dar herramientas para que las familias puedan conservar y distribuir sus tierras sin quedar obligadas a desprenderse de grandes extensiones.

Un observatorio para revisar los parámetros

El proyecto también incorpora una nueva herramienta: el Observatorio de Unidades Económicas Agrarias.

Se tratará de un ámbito técnico destinado a realizar un seguimiento permanente de las condiciones que determinan la viabilidad de una explotación rural.

Entre los factores que deberán ser considerados estarán las características del suelo, el régimen de lluvias y la rentabilidad de las actividades productivas.

La creación del organismo apunta a evitar que los parámetros queden nuevamente desactualizados durante décadas. La idea es que las superficies mínimas puedan analizarse en función de las condiciones reales de cada zona y de la capacidad de una explotación para sostener económicamente a una familia.

Un acuerdo entre oficialismo y oposición

La reforma tiene una particularidad política: las cuatro iniciativas que dieron origen al texto fueron presentadas desde distintos espacios y terminaron convergiendo en un único dictamen.

El proyecto reúne propuestas del Frejupa, la UCR y el PRO y, salvo que aparezca alguna modificación de último momento durante la sesión, será aprobado con el respaldo de todos los bloques de la Cámara de Diputados.

El cambio dejará atrás un régimen diseñado hace más de 40 años y establecerá nuevas reglas para una realidad productiva y familiar que, según coincidieron los legisladores durante el debate, ya es muy diferente a la de aquella época.