La medida fue dispuesta por la jueza de Control, María Jimena Cardoso, a pedido del fiscal adjunto Matías Juan, en el marco de una investigación por presunta falsificación de documentos públicos.
El operativo, realizado en el día de ayer, tuvo su origen en una denuncia presentada el 24 de febrero por los concejales Gorordo, Calderón, Muñoz e Ingaramo contra el presidente del cuerpo deliberativo, Daniel Aliberti. Los ediles lo acusan de falsificación ideológica de instrumento público y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, alegando que modificó el contenido de una resolución del 4 de diciembre de 2024.
Según los denunciantes, en la sesión del 3 de diciembre el Concejo Deliberante aprobó, por mayoría, la calificación de “graves” sobre ciertas irregularidades atribuidas al intendente Gustavo Salvadori. Entre las acusaciones figuran la emisión de cheques sin fondos y la omisión de declarar su participación en una sociedad comercial. Como consecuencia, se resolvió crear una comisión especial para investigar los hechos.
Sin embargo, en la resolución firmada por Aliberti, se habría omitido deliberadamente la calificación de los hechos como “graves”, lo que motivó la presentación de audios de la sesión como prueba y la posterior denuncia ante la Justicia.
Durante el allanamiento, los efectivos policiales secuestraron el libro de actas original del Concejo Deliberante, que incluiría el acta de la sesión en cuestión, junto con la resolución sospechada de haber sido modificada.
Estas pruebas serán analizadas por la Fiscalía General para determinar si efectivamente se produjo una adulteración de documentos y establecer las posibles responsabilidades penales.
