La Justicia Nacional le prohíbe al Gobierno eliminar los programas sobre violencia de género

La Sala Feria A de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal publicó este viernes la resolución 11167/2024, a través de la cual le prohibió al presidente Javier Milei eliminar los programas de prevención y asistencia a mujeres y niños en situación de violencia de género.

La parte actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar que ordenará al “Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de efectuar reducción de recursos humanos y de infraestructura institucional afectada a labores dependientes de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género y de los Centros de Acceso a la Justicia”.

A su vez, también prohibieron “realizar otras medidas de reorganización, así como también se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos”, expresa el documento oficial.

El viernes 28 de junio de 2024, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación.

Las organizaciones demandaron certezas sobre cuál será el organismo encargado de dar cumplimiento a las obligaciones legales del Estado Nacional en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes y, sobre todo, cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas mediante normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido.

La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimación de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos. Es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza en el gobierno de Milei.

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