El Gobierno mandó al Congreso una nueva ley de divorcio que permite terminar el matrimonio sin pasar por la Justicia. El proyecto permite «disolver el vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica».

Según un documento al que tuvo acceso el canal de noticias TN, «pretende cubrir un faltante. El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo».

La iniciativa lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ambos explicaron que este sistema de divorcio ya funciona de forma administrativa en Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia y Japón.

El proyecto, según indicaron los funcionarios, ahorraría tiempo y dinero para los matrimonios que quieran dar por terminado el vínculo y continuar con sus vidas. «Este sistema permite que las personas unidas en matrimonio, con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial, puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad».

«Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes», agregan los argumentos emitidos en el proyecto enviado al Congreso este lunes.

«El matrimonio se contrae para emprender un proyecto de vida en común. Las personas celebran libremente este acto jurídico con un simple acuerdo de voluntades ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, más los testigos que la ley prescribe, por lo que, de la misma manera, ese proyecto de vida en común puede terminar de mutuo acuerdo en pos de buscar nuevos proyectos de vida», argumenta el comunicado.

La idea de reformar la ley de divorcio vincular o Ley 23.515 actual está incluida en el proceso de modernización judicial mediante la Ley Hojarasca, que busca eliminar alrededor de 70 leyes consideradas «inútiles, obsoletas o que restringen libertades».