Lo ordenó la Cámara Federal porteña. Afecta a otros jerarcas del régimen chavista, entre ellos Diosdado Cabello. El tribunal los considera responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos.
La Cámara Federal porteña ordenó este lunes la detención y captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.
El fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al mandatario caribeño.
Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces de la Sala I que decidieron por unanimidad el fallo.
Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.
Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol, para que ésta decida si interpone un pedido de alertas rojas.
«Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela. Ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder», reveló el abogado Tomás Farini Duggan en declaraciones a Clarín.
Farini Duggan es uno de los impulsores, junto al actual ministro de Seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en este país contra Maduro y los dirigentes chavistas.
Ahora, aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.