Por sus desacuerdos con el Pro, el oficialismo perdió la presidencia y el control de la estratégica Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia. Con el apoyo del kirchnerismo, el senador y jefe de la UCR Martín Lousteau fue designado presidente de este cuerpo, que es el encargado de auditar los gastos reservados del sistema de inteligencia que, desde la llegada de Javier Milei, crecieron casi un 800%.
Durante meses, Santiago Caputo –el asesor sin cargo del presidente Milei- y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich disputaron ese cargo con sendos candidatos: el senador peronista (devenido aliado) Edgardo Kueider y su colega de Pro, Martín Goerling. Sin fumata a la vista –ninguno de los dos reunía la mayoría de los miembros para ser designado-, los seis representantes del kirchnerismo aprovecharon las dilaciones y los desacuerdos en el oficialismo para dar hoy el golpe de gracia y apoyaron al senador Lousteau, una de las voces más críticas del Gobierno.
Con el suyo y el voto de la diputada radical Mariela Coletta –que lo propuso para el cargo-, Lousteau reunió ocho avales (la mitad más uno) de los 14 que conforman el cuerpo. Lo apoyaron los diputados kirchneristas Leopoldo Moreau, Germán Martínez y Paula Penacca, como así también los senadores Oscar Parrilli, Eduardo Wado De Pedro y Florencia López. Estos últimos nombraron a Moreau como vicepresidente de la comisión y a Parrilli como secretario. El golpe fue total.
Los representantes de Pro se retiraron de la comisión mascullando bronca. “Si desde la Casa Rosada no hubiesen metido la cuchara (por Santiago Caputo), Goerling era el presidente porque así estaba acordado en diciembre”, reprochan.
La jugada en tándem del kirchnerismo con la UCR implica, a priori, un intento de poner un límite al Gobierno y, en particular, a Santiago Caputo, sindicado como el artífice de la reestructuración del sistema de inteligencia nacional. Tras resucitar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Caputo promovió hace casi un mes un aumento de $100.000 mil millones en los gastos reservados por medio del decreto 656 de necesidad y urgencia. En ese lapso ya consumió el 80% de esos fondos.
Fuente: diario La Nación