Alberto Samid fue condenado este miércoles a cuatros años de prisión efectiva por ser considerado miembro de una asociación ilícita, que evadió impuestos durante la década del ’90.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) 1 también determinó que el empresario deberá pagar cerca 282 mil pesos para cubrir los costos de su captura, calculados por la Policía Federal.

A pesar de que su pena no está firme, deberá permanecerá detenido en el penal de Ezeiza al menos hasta que el TOPE 1 resuelva si le concede o no la prisión domiciliaria solicitada por su abogado.

El ex diputado provincial detenido con prisión preventiva por una decisión que tomó el tribunal luego de que el empresario se ausentara sin permiso a varias audiencias del juicio oral y se escapara a Belice, donde finalmente fue hallado.

También se resolvió la situación procesal de su hermana Alicia, Teresa Fornasier y Claudio Pileo con penas de tres años de prisión en suspenso y de María Susana Moreno a tres años y seis meses, de efectiva.

Samid, trasladado desde el Hospital Central Penitenciario de la cárcel de Ezeiza, escuchó el veredicto en la segunda fila de los imputados, recostado solo contra uno de los márgenes de la sala de audiencia y con una botella de agua a mano.

En los tribunales federales de Comodoro Py, los jueces del TOPE 1, José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari anunciaron que los argumentos del fallo se conocerán el 26 de abril, mientras que la defensa de Samid adelantó que apelará.

Horas antes de que se conociera el veredicto, Samid aseguró que si sigue «encerrado» se va a «cortar las venas» y y se quejó de sus condiciones de detención.

«Si sigo encerrado así, me voy a cortar las venas», aseguró Samid en los tribunales federales de Comodoro Py al hacer uso de las «últimas palabras» que se le conceden a los imputados antes de recibir el veredicto.

Samid fue juzgado como supuesto integrante de una asociación ilícita, junto a otros ocho acusados, que evadió la rendición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) retenido o percibido a terceros entre 1993 y 1998, entre otras maniobras.

Además del empresario, fueron juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos.

Los demás acusados fueron Francisco Burgos, Lilian Lastoria, Luis Balanho y Roberto Cañete quienes fueron absueltos por el TOPE 1.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá había pedido una pena de seis años y medio de cárcel para Samid y la AFIP, que actúa como querellante, pidió siete.

Samid había sido sobreseído en esta causa pero en agosto de 2016 la Cámara de Casación le revocó el sobreseimiento y dispuso que sea elevado a juicio oral.

Las sala IV de Casación hizo lugar a un recurso presentado por la querella de la AFIP-DGI contra la resolución del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 que el 19 de febrero de ese año había sobreseído a Samid y su hermana Alicia Nélida, por considerar extinguida la acción penal por el transcurso del tiempo.

Los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Eduardo Rafael Riggi dispusieron que continúe el desarrollo de la causa y se fije, a la brevedad, una audiencia de debate de cara al juicio oral.

El denominado Rey de la Carne había sido sobreseído en la vieja causa judicial por evasión millonaria de impuestos cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico determinó que se habían vencido los plazos para el desarrollo de la investigación.

La causa había sido impulsada por la entonces DGI durante los años noventa cuando el entonces dirigente peronista matancero fue acusado de liderar una «poderosa asociación ilícita» para evadir impuestos por más de 50 millones de pesos a través de varias cadenas frigoríficas entre las que figuraba La Lonja.