Durante su recorrido a comercios, emprendimientos privados, Hospital y Colegio Secundario, el candidato a gobernador puso sobre el debate la necesidad imperiosa de avanzar en la legislatura provincial, con el proyecto que presentó Martín Berhongaray que modifica la ley 1729, con el objetivo de beneficiar a las localidades de Santa Isabel, Algarrobo del Aguila, Limay Mahuida, La Reforma, Puelches, La Humada, Chacharramendi, Puelén y Gobernador Duval, duplicando el beneficio que se obtiene de las regalías anuales provenientes de la generación eléctrica de las usinas hidroelécticas de Los Nihuiles.
De ser sancionada la ley se duplicarían entonces los montos destinados al “Fondo Especial de Distribución para Comunas del Oeste Pampeano”.
También y para que esta medida sea efectiva y se vea reflejada en beneficios para sus pobladores se establece como regla la libre disponibilidad de los recursos siendo los Concejos Deliberantes quienes, conociendo las necesidades locales deben determinar la afectación de estos ingresos, posibilitando así su destino a inversiones de capital, obras de infraestructura, emprendimientos productivos o erogaciones corrientes según resulte conveniente.
Es importante que esta iniciativa se concrete, no debemos olvidar que la idea de la reparación financiera fundada en los perjuicios resultantes de la diáspora poblacional, pérdida de hacienda bovina, ovina, caprina y equina, y expansión del daño ambiental producto del manejo arbitrario e ilegal de los recursos hídricos interprovinciales, proviene desde el mismo reclamo iniciado en 1973 por todos los sectores que integraban la COPDRIP, gesta organizada para defender la vigencia del Decreto Nacional N° 1560.
Ya en ese momento había consenso en la conveniencia de distribuir los recursos provenientes de las regalías generadas por los Nihuiles en distintas comunas del oeste a modo de reparación por el daño directo sufrido por toda la Provincia, en términos generales, y por las localidades especialmente afectadas por el corte de los ríos, en particular.
El proyecto propone duplicar, porque no es justo ni razonable que la Provincia perciba solo el cincuenta por ciento (50 %) de los recursos generados a partir de las regalías de los Nihuiles, sino que las localidades afectadas por el corte del escurrimiento de los ríos deberían percibir la totalidad y por otro lado proponemos la libre disponibilidad porque son los Consejos Deliberantes quienes pueden y deben atender a las necesidades de las distintas localidades.
Por su parte, Daniel Kroneberger fue contundente con respecto a los recursos hídricos “Vamos a desarrollar y poner en producción el cupo de 85.000 hectáreas reconocido a La Pampa por el Tratado del Río Colorado de 1976, otorgando estímulos al sector privado para que se radique e invierta en la zona apta de alternativas bajo riego (Colonia 25 de Mayo, Planicie de Curacó, Bajo de los Baguales).
Nuestro Gobierno continuará asumiendo un rol activo en el impulso de las causas judiciales en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación promovidas para la recuperación de los caudales que corresponden a La Pampa a partir de sus ríos Atuel y Salado, agotaremos las instancias ante organismos administrativos y judiciales para impedir la construcción de la presa Portezuelo del Viento, e iniciaremos todos los nuevos reclamos que sean necesarios para garantizar la adecuada conservación de los recursos naturales existentes en nuestro territorio. (Hoy: La Pampa cuenta con cerca de 8.000 has bajo riego, principalmente en la zona de Colonia 25 de Mayo. NO se han puesto nuevos emprendimientos en producción, salvo los desarrollos de poca escala en Gobernador Duval y Planicie de Curacó.
“El juicio iniciado por el corte del río Atuel se está sustanciando ante la CSJN, y en ese marco se conformó una Comisión -la CIAI- integrada por representantes de las dos provincias y del Estado Nacional que vienen presentando propuestas para intentar alcanzar una solución consensuada. De no lograrse, deberá resolver la Corte. Respecto del río Salado y de Portezuelo también hay planteos judiciales, en el primero de los casos solicitando se conforme el comité de cuenca, y en el segundo, para impedir la construcción de la presa).
